Viene el título de esta tribuna a propósito de una situación nueva que puede propiciar que a los médicos se les exija, aparte de duchos conocimientos en medicina, lógico por otra parte, una pericia al volante propia de la tradicional figura del chófer.
Viene el título de esta tribuna a propósito de una situación nueva que puede propiciar que a los médicos se les exija, aparte de duchos conocimientos en medicina, lógico por otra parte, una pericia al volante propia de la tradicional figura del chófer. Esto lo digo a cuenta de la medida adoptada en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, consistente en obligar a los médicos y enfermeros de la unidad de hospitalización a domicilio a conducir los vehículos de trabajo, prescindiendo de los conductores que siempre les acompañaban. Esto significará que no solo tendrán que preocuparse por atender correctamente al paciente, sino por llegar a tiempo, aparcar bien y evitar que el motor se gripe.
Se trata de una involución que nos retrotrae a las épocas pretéritas de aquellos médicos rurales de asistencia pública domiciliaria que, a bordo de su vehículo, en sus tiempos de tracción animal, visitaban a diario a los pacientes encamados en las dispersas aldeas de nuestra geografía. Se trataba de una medicina heroica, de medios limitados y que, afortunadamente, se creía superada con la creación del Sistema Nacional de Salud, bien estructurado y dotado tecnológicamente y con una amplia cobertura prestacional. Sin embargo, medidas como esa de reducir personal y concentrar funciones son el signo de un cambio de tendencia que se ya se conoce como «hacer más con menos».
La austeridad empieza a cebarse así también con los servicios públicos de primera necesidad, como es la sanidad, con lo cual no es de extrañar que en esa dinámica de acumular tareas a los profesionales sanitarios traiga nuevas figuras quiméricas como la del médico-camillero o el enfermero-bedel. Ironías aparte, ya los tribunales han tenido ocasión de pronunciarse sobre la ilegalidad de tales medidas, anulándolas por ir contra el derecho de todo empleado a la ocupación efectiva de su puesto de trabajo, que le obliga a realizar solo las funciones que les competen y no otras, y en el caso concreto porque en ninguna convocatoria pública de plazas de médico o enfermero se exige saber conducir.
Sin embargo, a las mentes pensantes de semejante despropósito les traen al pairo los precedentes judiciales, a sabiendas de que los tribunales tardan en pronunciarse y que mientras, ellos se apuntan el dudoso mérito de la reducción de costes, aun con merma de la calidad asistencial. Con esa visión simple de la gestión obvian sus efectos colaterales, como la desmotivación de los profesionales, germen de la movilidad a otros destinos o de largas bajas laborales por eso que se ha llamado el «síndrome del quemado». Lo bueno del precedente es que si en otras instituciones cunde el ejemplo, muchos cargos de libre designación se quedarán sin el privilegio del vehículo oficial.
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