El Tribunal Constitucional admite una cuestión de constitucionalidad contra el artículo 30 de la Ley de Función Pública de Galicia.
Leo, no sin satisfacción, que el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre el controvertido precepto que permite al gobierno gallego y a sus consellerías proveer los puestos de jefatura e incluso otros de menor rango por el sistema de libre designación, que es como decir “a dedo” (pueden leer la noticia al completo en la sección de actualidad de esta web).
En tiempos en que la política ha tocado el fondo de la decencia y la ética pública que se le ha de presumir, hasta atravesar la permeable lámina que la separa de la corrupción y el interesado negocio con dinero público (véase la situación del gobierno local de Santiago), hay quien, con la Constitución en la mano, nos dice que hasta aquí podíamos llegar (en este caso, el TSJ de Galicia, que ha planteado una cuestión de constitucionalidad)
Bien es cierto que desviaciones del poder siempre las ha habido y, por la propia naturaleza del género humano, siempre las habrá, pero es que esta crisis tan profunda que hace tambalear los cimientos de nuestro Estado de Bienestar, queda más en evidencia la desvergüenza de quien siendo servidores públicos se convierten en servidores de lo público al colocar a sus afines en los puestos de mayor retribución en la función pública.
No quiero dármelas de enterado, o decir que fui yo, como el niño del cuento, el que primero que dijo que el rey iba desnudo, es decir, que el precepto de marras era un desafuero injustificado e injustificable del Gobierno gallego, pero me van permitir que les invite a leer mi artículo publicado en El Correo Gallego en el año 2011, titulado “De la burocracia a la partitocracia” (así comprenderán mi satisfacción por la noticia).
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