Medicos y enfermeros en el disparadero

Surge en estos días la noticia de que el Servicio Galego de Saúde va a crear un observatorio de la violencia en su entorno laboral, por las agresiones que el personal a su cargo sufre de los usuarios (que no les vamos a llamar pacientes por carecer de la virtud que les da nombre).

Sin embargo, poco hay que observar ya que no se haya constatado antes, porque los colegios profesionales vienen denunciando públicamente desde hace años este fenómeno, que coloca a los médicos y enfermeros en el disparadero de los reproches más violentos.

Esa constatación tuvo como consecuencia un análisis jurídico-penal del problema que condujo a la Fiscalía General del Estado, con su consulta 2/2008, a ordenar que esos hechos se calificasen como un delito de atentado (tipificado con penas de prisión) en lugar de como una falta de lesiones o coacciones (que tienen aparejadas penas de multa). Por lo tanto, que la Administración sanitaria reconozca a estas alturas la existencia del problema no deja de ser una reacción tardía, aunque bienvenida sea si consigue revertir la tendencia.

Bueno será que se indaguen las causas de esas reacciones violentas que han llevado a médicos y enfermeros a permanecer de baja laboral por la ira desatada de un impaciente. Sin adelantarme al resultado, es evidente que la raíz del problema tiene un sustrato sociológico: los médicos han perdido su prestigio social de antaño y ya no son tratados con reverenciales y anacrónicas formas. Es la constatación de eso que se ha llamado «la socialización de la medicina», o que en términos más castizos un ministro de Sanidad describió como «dejar a los médicos en alpargatas».

En cualquier caso, más que una labor de pedagogía social o de reivindicación del rol de los profesionales sanitarios, conviene hacer el siguiente análisis: la mayoría de los episodios de violencia se producen en los servicios de urgencias, tanto hospitalarios como extrahospitalarios, cuando los usuarios y sus familiares se ven compelidos a esperar una asistencia tantas veces demorada por las propias carencias de esos servicios, víctimas de la presión asistencial debido al déficit de profesionales que los atienden.

Pero no conviene olvidar que más bajas laborales que la violencia, llamémosle externa, a manos de los usuarios, produce la violencia interna, es decir, aquella que genera determinadas dinámicas de trabajo que producen el denominado «síndrome del quemado», y también aquella otra que deriva de situaciones calificadas de acoso laboral, generalmente enraizadas en un uso perverso del principio de jerarquía. Debería focalizar el observatorio sus trabajos en ese otro tipo de violencia, sin duda más grave y llamativa.