Sentencia de un juzgado que condena al Sergas a pagar todos los gastos de una intervención en la sanidad privada con una indemnización adicional por daños morales.
Nuestra cliente tenía un problema de salud para el que había sido remitida al especialista de aparato digestivo. Como la ecografía indicada se demoraba, y su malestar cada vez era mayor, realizó la prueba privadamente.
Acude a una segunda consulta con el resultado de la ecografía, pero aún así le dicen que se la tienen que repetir, pues esa no vale. La espera se incrementa, pero hecha la prueba, cuyo resultado confirma la anterior, le dan cita para un año después.
Alarmada por esa demora acude a un especialista privado, aconsejando quitar la vesícula biliar pues los hallazgos de las ecografías evidenciaban que hay una lesión que con el tiempo puede malignizar, y que era la causa de sus molestias gástricas.
Es operada en dos meses abonando ella todo los gastos, que le reportaron en conjunto 6.700 euros. Su problema de salud desapareció, lo que informó a su médico de atención primaria, pues ella nunca abandonó la sanidad pública.
Presentada la oportuna reclamación la Administración sanitaria, como casi siempre, encontró razones para desestimar tan legítima pretensión, ante lo que era un evidente e inadmisible retraso terapéutico.
El Juzgado ha venido a darnos la razón en una sentencia más (llevamos más de media docena de sentencias similares en los últimos años), condenando al Sergas al abono de esos gastos, más una cantidad adicional de 2.000 euros en concepto de daños morales.
Si todos reclamaran por la soportable gravedad de las listas de espera, quizás a los servicios públicos les saliera a cuenta gestionar mejor que abonar estas indemnizaciones por la asistencia a los pacientes con medios privados.
El problema es que no todos tienen recursos suficientes para abonar esas cantidades, de ahí que cada vez personas contraten seguros privados de salud. Es la consecuencia, a modo de círculo vicioso, de esa mala gestión sanitaria.
