Subyace en la actualidad una controversia entre el Sergas y los médicos a su servicio a cuenta de los acuerdos de productividad para el presente año, que incluyen unos incentivos dirigidos a la prescripción de determinados medicamentos más baratos en sustitución de otros con un distinto principio activo, es decir, que no son bioequivalentes. Lo que se pretende es dirigir la prescripción a cambio de un beneficio retributivo que puede alcanzar en la nómina del médico 2.400 euros anuales.
Subyace en la actualidad una controversia entre el Sergas y los médicos a su servicio a cuenta de los acuerdos de productividad para el presente año, que incluyen unos incentivos dirigidos a la prescripción de determinados medicamentos más baratos en sustitución de otros con un distinto principio activo, es decir, que no son bioequivalentes. Lo que se pretende es dirigir la prescripción a cambio de un beneficio retributivo que puede alcanzar en la nómina del médico 2.400 euros anuales.
Si bien puede parecer sospechoso de condicionar la libertad de prescripción recurriendo a la táctica del palo y la zanahoria, no merece en principio tacha de ilegalidad, aunque no estemos ante la típica sustitución del medicamento de marca por uno genérico. Así lo ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 22 de abril de 2010, al interpretar la Directiva 2001/83/CE relativa al código comunitario sobre medicamentos para uso humano.
La sentencia pone de manifiesto que un sistema de incentivos que persiga reducir el gasto farmacéutico no es contrario a esa norma comunitaria, incluso cuando se orienta la prescripción hacia medicamentos con sustancias activas distintas de aquéllas que el médico considera más apropiadas. Pero siempre que se cumpla un doble requisito: que el sistema se base en criterios objetivos publicitados; y que las autoridades sanitarias demuestren la equivalencia terapéutica de los medicamentos incentivados.
El problema es que no consta que así se haya hecho, pues el Sergas se ha limitado a presentar su propuesta de acuerdos sin darle publicidad para conocimiento público, en particular de la industria farmacéutica y de las asociaciones de pacientes, por lo tanto tampoco ha demostrado la idéntica eficacia de los tratamientos sugeridos. Siendo así es evidente que el sistema no cumple las previsiones legalmente establecidas de acuerdo con esa interpretación judicial.
De hecho surgen voces discrepantes dentro del colectivo médico que han advertido que determinados medicamentos de prescripción incentivada no cumplen los criterios de equivalencia terapéutica. La novedad aflora un debate más profundo, incluso con implicaciones éticas, que conduce a una controversia planteada hace años por el bioeticista americano Pellegrino y que ahora con la crisis se replantea: ¿es el médico funcionario guardián del presupuesto o aliado del paciente? That's the question.
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