Un estudio jurídico de Eugenio Moure finalista del premio CEF en la categoría de Derecho Constitucional y Administrativo. En él se concluye la responsabilidad del Estado por la gestión de la pandemia.
Aunque esta vez no he ganado al menos he quedado finalista en un premio de gran tradición, generalmente abonado a catedráticos y profesores universitarios, que engrosan sus curricula con este disputado galardón.
Yo no soy un académico ni un teórico del Derecho, sino un práctico que en mi día a día como abogado busco soluciones a los conflictos jurídicos, intentado que la investigación no quedé en un ejercicio intelectual retórico sino una sentencia favorable para mis clientes.
Durante el confinamiento tuve tiempo para poner negro sobre blanco determinadas ideas, fruto de sensaciones muy negativas sobre la gestión sanitaria en las semanas previas a la declaración del Estado de alarma.
Indagando entre lo que viví en primera persona (en la primera semana de marzo asistí a una reunión en el Ministerio de Sanidad) y lo que leí rebuscando en las publicaciones sobre la Covid-19, mi conclusión es que se actuó tarde.
Para los que piensen que esto ya otros lo dijeron les informo que el artículo finalista se terminó de escribir en el mes de abril, mes en el que tuve oportunidad de expresar lo mismo en una entrevista a un medio de prensa y en un artículo periodístico.
Mi conclusión es que puede existir una responsabilidad patrimonial por el mal funcionamiento de la Administración sanitaria, en concreto del Ministerio de Sanidad, que banalizó un riesgo al actuar en contra del principio de precaución.
De hecho el título del artículo es: Responsabilidad patrimonial y COVID-19. El principio de precaución como título de imputación. Lo podrán leer en la revista CEF LEGAL de Derecho Constitucional y Administrativo, en su número de enero-febrero de 2021.
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