Apartamentos turísticos de alquiler (y plataformas como ...

En los últimos años ha proliferado la práctica del alquiler temporal de viviendas o habitaciones por parte de particulares. Una práctica que ya era habitual, pero que se ha potenciado con el auge de las comunicaciones electrónicas y de plataformas como Airbnb.

Con estos antecedentes, en estos últimos años se han aprobado multitud de Decretos autonómicos destinados a “regularizar” (quizá, la palabra adecuada fuera “impedir”) esta práctica tan habitual; todos ellos con polémica, al punto que han llegado a ser anulados parcialmente por los Tribunales (casos de Madrid o Canarias).

El último, el Decreto 12/2017, do 26 de enero, por el que se establece la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico en la Comunidad Autónoma, el cual ha sido objeto de una Instrucción interpretativa aprobada por la Xunta el mismo día de su entrada en vigor (10 de mayo), buscando dotar al Decreto de una interpretación respetuosa con el Derecho de la Competencia.

Son los conocidos Decretos “anti Airbnb”, por los que se pretende regular el desarrollo de esta actividad generando trabas injustificadas, en el caso gallego: limitación temporal al tiempo de estancia a tres meses, imposibilidad de realizar alquiler por habitaciones, un estricto régimen de acceso a la actividad mediante la imposición de requisitos discrecionales no justificados y desproporcionados.

Ha sido en esta ocasión la CNMC la que ha advertido al ejecutivo gallego de estas irregularidades, pero no podemos conformarnos con eso. La aprobación del Decreto no exime del cumplimiento de la restante normativa española y comunitaria en materia de competencia, por lo que habrá que estar al día a día en la aplicación del Decreto para analizar si este, en la práctica, se ajusta a Derecho.

Nuestro consejo: si se encuentra afectado por el Decreto busque asesoramiento legal antes de tomar cualquier decisión, pues no todas las medidas que en el mismo se contienen pudieran estar avaladas por la normativa estatal y comunitaria; nosotros se lo proporcionamos.