¿Por qué no quieren darnos el curso clínico de ...

Anécdota real ocurrida hace escasos días. Cliente nuestro que acude al servicio de atención al paciente del Hospital Alvaro Cunqueiro de Vigo para solicitar la entrega de las hojas de curso clínico de su historia clínica. La funcionaria de turno, sin duda que siguiendo instrucciones de “arriba”, le suelta el siguiente soniquete: “si quiere las hojas de curso clínico tiene que pedirlas a través de un abogado” (pueden imaginarse el rin-tin-tin del tono empleado). 

Obviamente el sucedido ya está denunciado ante los servicios de inspección sanitaria, pero al margen de lo que pase con la denuncia, el comentario viene a cuenta de cómo la práctica administrativa distorsiona hasta el punto de anular “de facto” nuestros derechos como ciudadanos, recogidos en múltiples leyes, normas que al final predican en el desierto de la sociedad en que vivimos algo  que las Administraciones luego no quieren darnos.

Vale aquel dicho de que una cosa es predicar y otro es dar trigo. Y así se ponen conscientemente barreras disuasorias para que el ciudadano común, sin específicos conocimientos jurídicos, pueda acceder a lo que en la Ley de Transparencia o la Ley de Autonomía del Paciente, por poner dos ejemplos, ponen a su alcance sin mayores trabas. La trabas vienen después cuando sabedor de tal derecho uno se topa con la intransigencia de quien lo ignora.

¿Simple ignorancia desde la prepotencia administrativa o maquiavélico uso del poder para evitar que el paciente haga uso de sus derechos? Siendo malvados uno pensaría lo segundo, aunque prefiero toparme con un ignorante que con un prevaricador; al primero se le puede convencer, al segundo hay que vencerlo. El problema es que mientras tanto el cliente se queda sin unos documentos a los que tiene derecho.

Vamos a ser buenos y pensar que la ignorante de turno lo que quiere decirle es que no puede entregarnos el curso clínico mientras no ser verifique que en el mismo figuran anotaciones subjetivas del médico o datos de terceros que deban anonimizarse. Entonces la respuesta de la funcionaria impertinente debería ser así: “haga usted la petición pero va a tardar unos días porque se precisa revisar su contenido antes de la entrega”.

Ahora vamos a ser malvados y pensar que lo que la funcionaria pretendía, aleccionada por un jefe presuntamente prevaricador, era que el paciente se quede con la sensación de que esos documentos tan importantes no son accesibles, salvo acudiendo a expertos legales, generando un conflicto inexistente que disuade al paciente de emprender una batalla en la que va a dejarse tiempo y dinero, de los que a veces carece.

¿Y por qué ese interés en no dar lo que es nuestro? Porque en esas hojas de curso clínico, que es como el diario de nuestra historia de pacientes, se anotan frases que en ocasiones denotan una mala asistencia médica, no tanto porque el profesional de la medicina quede en evidencia, sino porque el propio profesional con sus palabras revele las carencias de la que adolece el sistema público de salud y que condicionan la buena asistencia médica.

Sea como sea lo cierto es que nunca cobraré a un cliente por ayudarle a conseguir esos documentos. Por tres razones: la primera porque es sencillo; lo segundo porque me gusta ayudar en tales situaciones (me repele la injusticia administrativa); y la tercera, no lo vamos a negar, por un interés profesional en descubrir entre esas anotaciones el dato, quizás omitido en los informes médicos, que permita saber la causa de una fallida asistencia.