La paradoja de una sentencia que rompe el equilibrio de una reforma controvertida.
El Tribunal Constitucional ha rechazado, en lo sustancial, el recurso contra la reforma sanitaria del 2012, esa que como tantas otras que emprendió el Gobierno Rajoy, para –según él- evitar el rescate por la troyka, y que supuso recortes en nuestro Estado del Bienestar.
Resumiendo, esa reforma dejaba fuera de la asistencia sanitaria pública a los extranjeros en situación irregular en España, aunque estuvieran debidamente empadronados, así como quienes tuviesen ingresos anuales de más de 100.000 euros.
En su día, en este mismo blog, señalé, sin que sirviera de precedente, mi acuerdo, en general, con el espíritu de la reforma, la cual venía a poder orden en la mal llamada asistencia sanitaria universal y gratuita de nuestro país, pero considerando que debía procederse de otra forma.
Porque, quitando algunas leyes autonómicas (Cataluña, Navarra y Galicia que universalizaron de verdad la asistencia sanitaria) en nuestro país ese derecho estaba fundamentalmente vinculado a una cotización a la Seguridad Social o una pensión pública.
Esto suponía, por ejemplo, que los profesionales liberales vinculados a una mutualidad y no al INSS, carecían del derecho a la asistencia sanitaria, a pesar de que desde los Pactos de Toledo la sanidad ya no se financiaba con las cotizaciones sino con los impuestos.
Tras la sentencia del TC los extranjeros en situación irregular siguen teniendo vedado ese derecho (salvo las excepciones legalmente contempladas) y ya no hay límite de ingresos para tener derecho a la asistencia sanitaria.
Lo primero lo justifica en que la coyuntura económica permite al legislador limitar la asistencia a quienes estén residiendo irregularmente en España (salvo menores, embarazadas y situaciones de urgencia), a fin de racionalizar el gasto bajo la fórmula derecho = legalidad.
Lo segundo porque la limitación de la asistencia a quien tengan ingresos superiores a 100.000 euros en previsión de un ulterior desarrollo reglamentario excede la reserva de Ley que impera en esta materia.
Dicho lo cual ahora las rentas medias-altas y altas tienen asistencia sanitaria gratuita y bonificada y los pobres más pobres, los ilegales, los de la patera, ya no. Creo que este nuevo escenario merece una nueva reforma que equilibre de nuevo tamaña injusticia.
Quizás el límite de ingresos haya que regularlo de otra forma, pues también es cierto que quien más ingresos tiene más impuestos paga y por lo tanto contribuye más a financiar la sanidad.
Que una persona que gane 100.000 euros al año pueda quedarse sin tratamiento contra el cáncer, por ejemplo, que puede costar precisamente esa cantidad, máxime después de que hacienda se lleve más del 30% de sus ingresos, no es justo.
Que otra persona llegue a España huyendo de la guerra o de la miseria con la sana intención de trabajar, asentarse y pagar sus impuestos tampoco es justo. Deben establecerse mecanismos alternativos de compensación.
¿Cuáles? Eso excede las pretensiones de este blog.
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