Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia

El próximo 19 de marzo entrará en vigor la nueva Ley del Suelo de Galicia, que busca poner fin a los recurrentes problemas urbanísticos que planean sobre nuestra CC.AA; muchos son los aspectos relevantes de esta Ley, de los que destacaremos en el este punto los siguientes: 

- En relación con la tramitación de los planes generales de ordenación municipal, destaca la modificación del órgano competente para su aprobación, otorgando esa competencia a los ayuntamientos en los supuestos de municipios de más de 50.000 habitantes. Se entiende que esos ayuntamientos tienen capacidad y recursos suficientes para asumir esa competencia, razón por la cual la intervención urbanística de la Comunidad Autónoma se reduce a la emisión de un informe preceptivo y vinculante previo a la aprobación definitiva.

-Por lo que se refiere a las figuras de planeamiento, la ley, sin perjuicio del mantenimiento de los planes generales de ordenación municipal y de sus planes de desarrollo, introduce como figuras de planeamiento el Plan básico autonómico y los planes básicos municipales. El Plan básico autonómico delimitará, en el ámbito de toda la Comunidad Autónoma, las afecciones derivadas de la legislación sectorial e identificará los asentamientos de población existentes. En desarrollo de ese Plan básico autonómico, se elaborarán los planes básicos municipales, para los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes que no cuenten con un instrumento de planeamiento general. 

- Esta ley consolida la comunicación previa como el régimen general de intervención administrativa, manteniendo la exigencia de licencia urbanística para los actos expresamente relacionados en ella. De esta manera, se persigue la simplificación administrativa, principio inspirador de la ley, siguiendo el camino ya iniciado con la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia.

- Por último, se realiza una apuesta por la reposición de la legalidad urbanística, contemplando un incremento de la reducción de la multa a imponer al responsable de una infracción urbanística en caso de que reponga por sí mismo la realidad física alterada antes de la resolución del procedimiento sancionador, reducción que pasa a ser del 90 % frente al 80 % actual.

Veremos lo que nos depara el recorrido de esta nueva Ley, pieza clave de la ordenación urbanística del territorio gallego.