La asociación Batas Blancas advirtió de la posible infracción penal de la consellería
La Fiscalía de Santiago ha «presentado denuncia ante el Juzgado de Guardia» de la ciudad por presunta responsabilidad penal de cargos y directivos del Sergas por no facilitar el tratamiento de pacientes de hepatitis C con nuevos fármacos, efectivos para la enfermedad. Esta actuación ocurre tras haber presentado la asociación médica Batas Blancas, que tiene como dirigentes a los médicos José María Borro y Evaristo Varo, una denuncia ante la Fiscalía Superior de Galicia el pasado 16 de marzo, en la que exponían hechos de los que «puede deducirse claramente la existencia de una infracción penal», según indicaban, pues supuso el fallecimiento de al menos tres personas, sostiene Evaristo Varo, jefe de la unidad de trasplante abdominal del CHUS. El Sergas, por su parte, respondió en la noche de ayer que no tenía constancia de la denuncia pero que en cualquier caso «ofrecerá toda la colaboración a los Tribunales, y facilitará la información que le pidan. Será el juez quien decida si se abren diligencias previas o las actuaciones que correspondan en el caso».
Denegar tratamientos
La Fiscalía compostelana investigó desde la presentación de dicha denuncia de Batas Blancas los acontecimientos. Les comunicó la presentación de la denuncia ante el Juzgado con fecha del pasado 29 de diciembre.
El problema se debe a que la Comisión Autonómica Central de Farmacia y Terapéutica, que presidía el entonces director xeral de Asistencia Sanitaria del Sergas, Félix Rubial -actual gerente del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo- y cuya vicepresidenta era Carolina González-Criado, subdirector xeral de Farmacia (integrada además por 3 farmacéuticos, 7 médicos y un enfermero, del que no se hicieron públicos los nombres), no autorizó la utilización de nuevos tratamientos efectivos para la hepatitis C, solicitados por especialistas, según el protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad.
Batas Blancas señala que dicha comisión autonómica, que debe dar el visto bueno preceptivo a los hospitales para poder utilizar esos tratamientos, muy costosos, no respondió. En el escrito de marzo dice que «el último caso conocido fue el de una paciente de A Coruña fallecida recientemente, que había solicitado el tratamiento hacía más de seis meses». Alude asimismo a que «muchos de los pacientes, creemos que más de 50, en estos momentos, están en esta situación, es decir, solicitado tratamiento y sin respuesta». Además, «a los pacientes que sí se les remite la denegación, en algunos casos cumplen unos criterios y en otros casos no. No hay equidad en las resoluciones y un mismo criterio. O, al menos, es desconocido» y que tienen «constancia de, al menos, 2 pacientes que, cumpliendo el protocolo del Ministerio de Sanidad, se les ha denegado el tratamiento». Señalan asimismo un caso en el que, ante la gravedad, se reclamó directamente a la Consellería y al poco tiempo se le autorizó.
La solicitud de incluir a más pacientes en los nuevos tratamientos fue una reivindicación central de la Plataforma Galega Hepatite C, que se había movilizado meses antes de la presentación de esta denuncia. El asunto llegó al Parlamento de Galicia, de donde representantes de la Plataforma fueron expulsados en febrero por sus protestas durante la celebración del pleno.
