El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España.
Tengo mucho interés en leer la sentencia, incluido el voto particular discrepante, que ya puedo imaginar a qué magistrado pertenece.
No voy a negar mis simpatías por los pacientes afectados y la pena que me produce que no le hayan reconocido el derecho a ser indemnizados.
Pero sin perjuicio del interés jurídico de la cuestión, auténtico quebradero de cabeza de quienes nos dedicamos a esta materia, el trasfondo social es innegable.
Por eso considero que esos niños, hoy adultos, que nacieron con graves malformaciones merecían ser indemnizados por el laboratorio responsable.
El problema es que el ejecutivo del año 2010 (Gobierno socialista…) no tuvo el tino de dictar una norma que reconociera ese derecho con claridad.
Y de aquella ambigüedad normativa vienen estos lodos judiciales, pues el instituto de la prescripción, por muy restrictivamente que se interprete, no permite juegos malabares.
Aun así tenía la esperanza de que el Pleno del Tribunal Supremo se sacara de sus puñetas una nueva doctrina que permitiera acomodar en esta materia el Derecho a la Justicia, y no a la inversa.
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