Tapones por medicinas

DABA CUENTA ESTE PERIÓDICO DE LA NOTICIA DE UN NIÑO OURENSANO de déficit de la hormona de crecimiento al que el Sergas le negaba el medicamento que permitiría corregirlo. Su familia, de escasos recursos económicos, se movilizó recabando la solidaridad de sus paisanos al conseguir varias toneladas de tapones plásticos con los que sufragar el alto coste del tratamiento en la sanidad privada que la pública le venía negando desde un año antes, hasta que por fin, con la intermediación de la reina, se le concedió.

Este dramático caso recuerda el de un joven, también ourensano, al que en similares circunstancias el Sergas le negó el caro tratamiento para su enfermedad, debiendo recabar el amparo de los Tribunales, que le fue concedido por sentencia del año pasado, condenando a darle el medicamento que precisaba por considerar que la actuación administrativa lesionaba su derecho a la integridad física, al anteponer consideraciones basadas en el ahorro sobre la salud del propio paciente.

En similar tesitura se encuentra otra paciente a la que tras realizar todas las pruebas precisas y presentar el correspondiente informe médico, la dirección de un hospital público no accedió a darle un medicamento extranjero, necesario para su combatir eficazmente su grave enfermedad, sin ni siquiera iniciar el correspondiente procedimiento previsto en la Ley del Medicamento para autorizar su administración, abocándola así a la resignación o a la vía judicial para acceder a dicho medicamento.

Son tres casos que representan la punta del iceberg de un fenómeno que ha puesto en evidencia un informe elaborado por la organización "Patien View" y dado a conocer el mes de agosto, según el cual España está a la cola mundial en el acceso a fármacos, solo por delante de los países de Europa del Este. De los 12 países o regiones encuestadas el nuestro ocupa el número 11. Para su elaboración se ha analizado la información facilitada por grupos de pacientes, profesionales de salud y la industria farmacéutica.

Tal es así que tras anunciar a bombo y platillo el Ministerio de Sanidad la financiación de los nuevos antivirales contra la hepatitis C, la Asociación Española para el Estudio de las Enfermedades del Hígado ha lanzado un duro comunicado en el que anima a los hepatólogos a no seguir la guía de prescripción, entre otros motivos porque "agrava el acceso a los nuevos tratamientos y pone en riesgo la salud de los pacientes". Y mientras tanto los pacientes salen a la calle reclamando la administración del fármaco.

Aunque políticos y gestores sanitarios se cuidan mucho de reducir casos como los comentamos a meras anécdotas, y a disfrazar los recortes en sanidad bajo eufemismos como la eficiencia o la racionalización de los recursos (cuando no en el absurdo oxímoron de hacer más con menos), lo cierto es que la restricción presupuestaria ha tenido incidencia directa sobre todo en el acceso a los medicamentos, especialmente a las novedades terapéuticas, con la contrapartida de potenciar el uso de los genéricos.

Nada habría que objetar a que las Administraciones sanitarias quieran gestionar mejor los recursos, sin embargo en ese frenesí por cuadrar las cuentas se han utilizado instrumentos normativos y herramientas de gestión que contravienen los derechos de los pacientes. Valga como ejemplo la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2014 que cuestiona el sistema de sustitución automática de los medicamentos de marca por principio activo.

Y es que una sanidad pública actualmente infrafinanciada (con una reducción de medio punto del producto interior bruto (PIB) en el año 2012 respecto del 2009, lo que conlleva destinar 153 euros menos por habitante y año) y que dedica menos recursos que los países de nuestro entorno, conduce a imágenes (heroicas pero duras) como las de unos padres recogiendo tapones para pagar el tratamiento que su hijo precisa, lo que da buena idea del nivel actual de acceso a los medicamentos más caros. Es el triste reflejo de la cruda realidad sanitaria.